El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que unos 5.000 presos serán indultados para reducir la sobrepoblación en las cárceles, donde el año pasado se produjeron cruentos enfrentamientos entre reos miembros de bandas vinculadas al narcotráfico que dejaron 327 muertos.
«Aspiro que salgan libres por lo menos 5.000 personas privadas de la libertad», sostuvo Lasso en una entrevista concedida a periodistas locales.
«El plan es terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles», agregó el mandatario.
En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos (30% de sobrepoblación). Y de ese total, existen 15.000 sin sentencia.
Lasso reveló que el lunes pasado firmó un decreto, mediante el cual estableció «las condiciones para el indulto».
«Serán los jueces los que resuelvan el indulto bajo los parámetros establecidos por esa vía», concluyó.
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Una inversión millonaria
El gobierno además anunció que invertirá este año 27 millones de dólares en la rehabilitación de presos e indultará a los condenados por robo, hurto, estafa y abuso de confianza que hayan cumplido el 40% de la pena, con la idea de acá a 2025 salir de la crisis carcelaria, convertida en una de las áreas críticas de su gestión,
La llamada política de Rehabilitación Social fue presentada anoche por el directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social (DOT) al presidente Lasso.
Para la elaboración de la iniciativa se realizaron seis reuniones de la Mesa Técnica del Sistema Nacional de Rehabilitación, 32 reuniones con los integrantes del DOT, 20 encuentros con 40 organizaciones sociales y de la academia, nueve visitas a cárceles y conversaciones con cerca de 5.000 reclusos y sus familiares.
Ecuador enfrenta una severa crisis carcelaria, que se manifestó el año pasado con enfrentamientos entre bandas dentro de penales, que dejaron 327 muertos, lo que llevó al Ejecutivo a decidir 60 días de estado de excepción.
Dentro del presupuesto para el primer año de la política, el 44% se destinará al área Salud, será administrado por el Ministerio temático y hará eje en ocho aspectos: revisión del modelo temático en los centros de detención, acceso al derecho a la salud, salud mental, derechos sexuales y reproductivos, salud de la mujer, provisión de alimentos y agua, medidas de prevención y relevamiento sobre la salud de la población.
El gobierno se propone para el año incrementar los controles preventivos anuales que reciben los detenidos con enfermedades crónicas, catastróficas, raras, huérfanas y con discapacidad.
Un proyecto similar que no se concretó
No es la primera política pública de la que se habla para el área, porque en diciembre de 2020, por orden de la Corte Constitucional, el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno también dio a conocer un plan para mejorar el sistema carcelario.
Aquel proyecto estaba calculado en 206,8 millones de dólares y debía ejecutarse en cuatro años, pero nunca se puso en marcha.
En aquel plan se planteaba la construcción de 10 nuevas cárceles, comprar 9.000 grilletes y contratar 300 nuevos guías cada año.
Ocho meses después, en agosto del año pasado, y ya con Lasso en el Palacio de Carondelet, se presentó un nuevo programa para cuatro años, ahora por 75 millones de dólares, que incluía la ampliación de pabellones y la reducción de la población carcelaria a través de la concesión de beneficios penitenciarios.
Este nuevo programa está enfocado más en la rehabilitación de los presos, con ejes en educación, salud, deporte y cultura, aunque también hay 8,5 millones de dólares que se destinarán a rubros como la infraestructura.
